RAZONAMIENTOS JURÍDICOS DEL AUTO.

PRIMERO.-

Se interesa tanto por la defensa como por la representación del Ministerio público la libertad y la prisión provisional atenuada en su domicilio, respectivamente.

En cuanto a la libertad, entiende el Pleno que no procede acceder a lo interesado por cuanto siguen concurriendo los requisitos procesales establecidos en la ley procesal penal para mantener la medida cautelar acordada (riesgo de fuga y reiteración delictiva).

En cuanto a la prisión provisional atenuada en su domicilio, igualmente consideramos que no procede acceder a lo interesado por cuanto no concurren en el presente supuesto los requisitos establecidos en el art. 508.1 LECr para acordar la prisión atenuada por cuanto:

1º. Según el citado precepto procede la prisión en el domicilio del preso cuando <<... el internamiento entrañe grave peligro para su salud>>, lo que no es del caso porque lo que entraña grave peligro para la salud de DE JUANA CHAOS no es, precisamente, el internamiento, sino su voluntad de no comer por las circunstancias que considera convenientes, lo que es muy distinto. No es la situación de prisión lo que agrava su salud.

2º. La prisión atenuada está prevista para otro tipo de supuestos distintos del actual: bien cuando aparece una enfermedad sobrevenida (por ejemplo, tumor terminal), bien cuando se produce una agravación general del estado de salud del interno (por ejemplo, toxicómanos con sida). Pero ninguno de tales supuestos es el del caso en que es el preso quien, precisamente, por su propia voluntad (estando informado en todo momento -y así se acordó en las diversas resoluciones citadas- de su situación y los posibles peligros que para su vida y/o integridad física se generan por su voluntaria actitud de continuar con la huelga de hambre), se ha puesto en tal situación de peligro; esto es, se trata de una autopuesta en peligro libre y voluntaria.

Y ante tal actitud, siendo una decisión del interesado, DE JUANA CHAOS, único responsable de su puesta en peligro, planteándose un conflicto de intereses, debe decaer su voluntad ante la posición de garante de las Administración.

Efectivamente, se ha reiterado por el Tribunal ya en diversas ocasiones (AA 28 Agosto, 14 y 20 Septiembre y 24 Noviembre, entre otros), que los derechos constitucionales de las personas privadas de libertad -sea por cumplimiento de condena, sea por prisión preventiva (como es del caso que nos ocupa)- pueden ser objeto de limitaciones al existir una relación de especial sujeción entre el interno y la Administración que origina un entramado de derechos y deberes recíprocos, entre los que destaca el esencial deber de la Administración de velar por la vida, integridad y salud del interno con el consiguiente deber de adoptar las medidas necesarias para protegerlos, imponiendo limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales de aquel interno que, por el riesgo de su vida en que voluntariamente se han colocado, precisen de tal protección, acordándose la alimentación forzosa del preso ante su actitud de huelga de hambre, actuándose con el respeto de su dignidad como ser humano estando actualmente ingresado en Centro hospitalario.

SEGUNDO.-

De los distintos informes médicos citados ut supra (del Centro Hospitalario y de los Sres. Médicos forenses) se deduce, claramente, que, de no proceder a la alimentación forzosa (enteral por sonda nasogástrica) existe un grave peligro para su vida.

Así las cosas, entendemos debe procederse a tal alimentación forzosa, en la forma que determine los médicos que lo tratan, conforme a lo ya acordado por el Tribunal en diversas resoluciones -la última el 24 de noviembre de 2.006-.

Cierto es que toda actuación médica y esta en concreto, como afirman los médicos que le tratan (a los que nos hemos referido en los antecedentes de hecho de esta resolución), conlleva peligros, pero peor es, desde luego, la inactividad, no hacer nada por cuanto la consecuencia fatal es evidente: el óbito del preso.