Así no se trata a una dama

Pedro J. Ramírez en El Mundo, 010209. Vía Reggio’s Weblog.

30 de diciembre de 1994. España lleva 10 días conmocionada por las revelaciones de Amedo a EL MUNDO, detallando la intervención personal de Barrionuevo y Vera en el secuestro de Segundo Marey. El juez Garzón ha dado la suficiente credibilidad e importancia a su testimonio como para dictar prisión preventiva contra tres altos cargos de Interior. El felipismo está contra las cuerdas cuando esa tarde en una tertulia política -cómo no- de la Cadena Ser surge un inesperado paladín del ex ministro del Interior: el portavoz del PP en el Senado Alberto Ruiz-Gallardón.

En presencia del interesado, Gallardón se declara «convencido de que Barrionuevo no tiene ninguna responsabilidad ni penal ni política en el caso GAL». Arremete en cambio contra el ex policía que ha decidido colaborar con la Justicia: «Lo único que sabemos a ciencia cierta es que Amedo miente. ¿Qué declaración es falsa, la de antes o la de ahora?». Es obvio que para el prometedor aspirante a la presidencia de la Comunidad de Madrid la falsa es «la de ahora», la que incrimina a Barrionuevo.

La tertulia concluye con un lamento compartido -la injuria y la calumnia están despenalizadas de facto en España-, con una recomendación que como hemos visto el hoy alcalde de la capital no se aplicará luego a sí mismo -no te querelles nunca contra ningún periodista o medio de comunicación- y con un vaticinio -1995 será para Barrionuevo «un año extraordinario en lo personal»-.

Por si alguien pudiera pensar que se trataba de una reacción poco meditada, fruto de una situación de camaradería entre tertulianos, Gallardón concede una semana después una entrevista a Lucía Méndez y afirma en este periódico: «José Barrionuevo dio su palabra de que él no tenía vinculación con los hechos delictivos de los GAL. Yo dije entonces y reitero ahora que yo creo en la palabra personal de José Barrionuevo. Conozco hace mucho tiempo a Barrionuevo, tengo una relación personal con él, he discutido mucho con él y he llegado a apreciarle».

Las dotes del joven político popular como pitoniso no quedaron demasiado acreditadas ese año. O tal vez sí. Tan «extraordinario» resultó 1995 para Barrionuevo que el 7 de septiembre el fiscal solicitó al Tribunal Supremo su suplicatorio, el 20 de octubre el juez Moner, nuevo instructor de la causa, hizo suya esa tesis para poderle interrogar como imputado, el 26 de octubre los 11 componentes de la Sala Segunda adoptaron tal acuerdo por unanimidad y el 23 de noviembre el Congreso accedió a ello por 204 votos a favor, 122 en contra y 2 abstenciones. Tan «extraordinario» fue, efectivamente, 1995 para Barrionuevo que antes de que llegara a su término se había convertido en el primer ministro de la historia de España inculpado por malversación, detención ilegal y relación con banda armada.

En ninguna hemeroteca consta declaración alguna por la que Gallardón rectificara antes, durante o después de tales resoluciones aquel cheque en blanco de la víspera de Nochevieja. Ni siquiera es posible encontrar una nueva valoración de los hechos después de que en el 98 el ex ministro fuera condenado a 10 años de cárcel o después de que el Constitucional dijera la última palabra ratificando tal sentencia. Por asombroso que pueda parecer, tratándose de un hombre tan prolífico en comparecencias y declaraciones, su única posición pública sobre el fondo del asunto sigue siendo por lo tanto aquélla: «Barrionuevo no tiene ninguna responsabilidad ni penal ni política en el caso GAL».

Sí que existe, en cambio, una glosa o explicación de esa postura que, almacenada en nuestra morgue electrónica, adquiere hoy el impactante esplendor de las mejores perlas cultivadas. Tiene fecha del 14 de octubre de 1999 y vino a cuento de la imputación de su entonces consejero de Sanidad, Ignacio Echániz, en el llamado caso Funeraria. Para justificar su decisión de mantenerle en el cargo -plenamente acertada, por cierto, ya que la acusación contra él decayó pronto-, Gallardón invocó, sacando pecho, el antecedente de su condescendencia con Barrionuevo «a pesar de las críticas procedentes de mi propio partido».

Como se ve la jactancia del «verso suelto», que volvería a manifestarse tras el 11-M, viene ya tan de antiguo que casi habría que considerarla patológica. Pero lo que nos deja boquiabiertos no es eso, sino la dimensión que adquiere, leído hoy, el siguiente tramo de su argumentario, pues Gallardón se permitió establecer una división casi zoológica «entre los políticos que creen en la presunción de inocencia y la aplican en todos los casos y aquellos que defienden la presunción de inocencia de sus correligionarios y se la niegan a sus oponentes».

Es obvio que él se situaba en la primera categoría, pero, casi 10 años después, su conducta de la semana pasada, primero en un programa televisivo y al día siguiente en una rueda de prensa, puso de manifiesto que habría que habilitar un tercer espacio, tan insólito como para dedicarlo a su exclusivo usufructo, el de quienes defienden la presunción de inocencia de sus oponentes y se la niegan a sus correligionarios.

Sólo así cabe interpretar sus temerarias afirmaciones de que en la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid funciona «una unidad parapolicial» dedicada a actividades ilegales y de que el presunto espionaje a dirigentes del PP había sido realizado «por personas que estaban adscritas a una unidad de la Comunidad Autónoma». Todo ello en un contexto de corroboración y asentimiento de los titulares periodísticos que inequívocamente afirmaban día tras día que «el Gobierno de Aguirre espió» a zutanito, menganito y perenganito.

Si descartamos la hipótesis de que Gallardón considere más grave apuntar las horas de llegada de Cobo a la oficina que ir por ahí secuestrando personas -en estos tiempos de relativismo moral todo podría ser-, sólo se me ocurre para justificar tan estruendoso doble rasero que o bien, al cabo de tantos años de empreñamiento mutuo, al alcalde ya se le nuble la vista y se le inyecten los ojos en sangre ante la estimulante perspectiva de darle a la presidenta una buena tunda; o bien sea tanto lo que cree poder ganar en este envite, que hasta el más básico manual de urbanidad política se haya convertido para él en un estorbo.

Es cierto que nunca como ahora ha tenido Gallardón tan cerca la perspectiva de ver arder en la hoguera a su bruja favorita, pues Aguirre está tan rodeada que puede tener la certeza de que, como decía el general Ridgway en la guerra de Corea, «esta vez el enemigo no escapará». Ya que habló de poner «la mano en el fuego» por su equipo, al menos cuatro frentes de teas incendiarias se aproximan a la pira a la que el alcalde cree tenerla agarrada de cuerpo entero: el riesgo creciente de perder la batalla por el control de Caja Madrid frente al sospechoso numantinismo autoperpetuatorio de Blesa, sus pésimas relaciones con Génova -o más bien con Rajoy- que tocaron fondo a mediados de semana, el escándalo del espionaje y el escándalo de los dossieres.

Sin descartar que algunas de las acusaciones contra ellos puedan ser ciertas, la manipulación simultánea de estos dos últimos elementos contra Ignacio González y Francisco Granados es la mejor prueba de que Aguirre tiene motivos para sentirse víctima de una maniobra pérfida y advertir eso de que «políticamente van a por mí» sin perder ni por un instante la sonrisa. Una de dos: o aquí lo terrible es espiar a la gente y el fin no justifica los medios empleados o aquí lo terrible es estar bajo sospecha de haber incurrido en prácticas venales y bienvenidas sean las vigilancias y seguimientos que permitan descubrirlas. Lo que no es de recibo es aplicar a los colaboradores de Aguirre el filo más cortante y devastador de ambas proposiciones al mismo tiempo y a sus enconados enemigos, el más romo o mellado.

Exactamente ésa ha sido la posición de la cúpula del PP, al haberse precipitado a abrir una investigación sobre «escuchas (sic) y seguimientos» de irrelevante perjuicio para sus hipotéticas víctimas cuando los sospechosos eran González y Granados y apresurarse a correr un tupido velo sobre la guerra de los dossieres dirigida contra ambos desde la propia sede nacional. Si la misma dirección que pretende depurar responsabilidades porque alguien haya podido apuntar desde la vía pública las horas a las que entraban y salían Cobo y Prada se llama andana ante la exhibición coactiva de documentos gravemente infamantes con conocimiento del líder del partido en sus propias dependencias, es que aquí hay gato encerrado y la lideresa debería huir de todo pacto de silencio o componenda.

Al día de la fecha las únicas víctimas reales de estas prácticas repelentes son sus dos alfiles, pero cualquier vacilación en el empeño de que se esclarezca todo lo ocurrido puede ser interpretada como un signo de debilidad política, amén de una invitación a la sospecha de que, efectivamente, alguno de sus hombres pueda tener el techo de cristal. La única estrategia viable de Aguirre es insistir en que se llegue hasta el final en la averiguación de los hechos, poniendo a Rajoy, Cospedal y compañía en la tesitura de actuar con ecuanimidad o quedar en evidencia, tal y como les viene ocurriendo en el caso de Caja Madrid donde, con su respaldo implícito al pacto de Gallardón con Izquierda Unida y los sindicatos a favor del atornillamiento de Blesa, están incumpliendo flagrantemente el principio enunciado contra los zaplanistas de la CAM, en el sentido de que el PP no toleraría jamás que «una parte del partido» pactara «con otro partido».

La constancia de que a Esperanza Aguirre se la quieren apiolar políticamente con sadismo y encarnizamiento algunos poderosos compañeros de partido me ha hecho recordar el título y el cartel anunciador de una película que vi en Estados Unidos a comienzos de los 70: No way to treat a lady. Era una curiosa mezcla de comedia y cine negro en la que una Lee Remick con la misma apariencia saludable que por aquellos años debía tener la lideresa compartía estrellato con dos actorazos como Rod Steiger y George Segal. El título brotaba del comentario de la madre de uno de los personajes, encargado de investigar una serie de asesinatos con móviles sexuales en los que el criminal se ensañaba con los cadáveres: «Me pone enferma que mi hijo tenga que ver esos cuerpos de mujeres desnudas, así no se trata a una dama».

En la copia del póster que guardo entre mis recortes de aquella época figura una advertencia: «Recommended as adult entertainment». Todos los medios deberíamos incluir un sello así a la hora de tratar las guerras intestinas de los partidos para evitar en lo posible que el público infantil tuviera acceso a las obscenidades habituales que las caracterizan.

La principal diferencia entre aquel triángulo y éste, es que mientras Lee Remick estaba flanqueada por un policía malo y otro bueno -de hecho el asunto terminaba en boda-, Esperanza Aguirre afronta un riesgo doble y su gran duda es si tiene más motivos para temer las cuchilladas de un lado o las del otro. Qué diferente sería todo, dentro y fuera del PP, si el alcalde respetara el guión de la película.