La Ertzaintza y la lucha contra ETA

Mikel Buesa, en su blog, 280609.

El pasado 11 de junio Antena 3 emitió las declaraciones de un agente y un suboficial de la Ertzaintza en las que señalaban que, mientras había gobernado en el País Vasco el PNV, se les había impedido proceder en contra de la organización terrorista ETA. En concreto, afirmaron: «Hemos recibido órdenes directas de superiores para no actuar contra ETA y su entorno». Y más tarde señalaron que «en todo lo que tocaba a la izquierda radical había que actuar de otra manera porque había una predisposición política claramente (sic) a no detener a todas esas personas».

Las declaraciones -que fueron presentadas por la emisora de televisión como una gran exclusiva- precedieron a varios pronunciamientos del Gobierno Vasco presidido por Patxi López referidos a la nueva implicación de la Ertzaintza en la lucha antiterrorista. De hecho, el 25 de junio Rodolfo Ares, nuevo Consejero de Interior, anunció una reorganización y reforzamiento de la División Antiterrorista de la policía autonómica, de manera que se emplearán en ella a 500 agentes, duplicándose los actuales efectivos. «La cifra -ha señalado El Correo- supone dar un espaldarazo sin precedentes a la lucha contra la banda terrorista».

¿Existe alguna relación entre las declaraciones de los dos policías en Antena 3 y la reorganización de la División Antiterrorista? No puedo afirmarlo, pero sí lo sospecho. Ello porque, como más adelante se verá, la exclusividad de las declaraciones no es tal, de modo que existen varios precedentes al respecto. Y porque el momento de su emisión ha sido muy oportuno para favorecer la legitimación ante la opinión pública vasca de las nuevas medidas antiterroristas.

Precisamente contra esa legitimación se ha alzado la voz del Partido Nacionalista Vasco cuando el día 26 ha escenificado una reunión entre su presidente, Iñigo Urkullu, y los ex-consejeros de Interior Juan Lasa, Juan María Atutxa y Javier Balza. En ella, el dirigente nacionalista ha exigido al Gobierno Vasco que zanje las dudas que se ciernen sobre la «supuesta inacción de la Ertzaintza en la lucha contra el terrorismo». Con este eufemismo, con el que se traslada la responsabilidad de las inactividad antiterrorista de la policía autonómica desde sus responsables políticos a la propia institución policial, Urkullu ha tratado de eludir las responsabilidades que le incumben a su propio partido, pues, en efecto, mientras ha gobernado el PNV, en especial desde finales de los años noventa, la Ertzaintza ha mostrado un creciente inoperancia frente al terrorismo.

Veamos los principales datos del asunto:

Primero: Las declaraciones de dos ertzainas a Antena 3 no son novedosas.

El 22 de octubre de 2000, El País publica un excelente artículo de José Luís Barbería -Una policía rota- en el que se lee que «en las comisarías se ha instalado un clima de revuelta ideológica contra la dirección política de la Ertzaintza acusada de contemporización y hasta de complicidad táctica con el mundo terrorista». Y se añaden unas declaraciones de Iñaki Castro, Secretario General de ERNE, en las que se dice que «la Ertzaintza sigue estando dirigida por el Pacto de Lizarra», que «sospechamos que llegamos tarde a los pisos de ETA porque alguien de dentro se ocupa de que así sea» o que «a la mayoría de los ertzainas nos da vergüenza actuaciones como las de San Sebastián, donde estuvimos contemporizando con los que gritaban gora ETA y empujando a los familiares de las víctimas y a los que banana de protestar por el intento de asesinato de José Ramón Recalde».

El reportaje se complementa con la siguiente entrevista a un ertzaina que, para evitar represalias, prefirió quedar en el anonimato. El titular es suficientemente ilustrativo, por lo que sólo recojo una frase: «Si la jefatura de la Ertzaintza no usa la información que maneja es porque el pacto político con ETA sigue estando vigente y en ese pacto a la Ertzaintza le toca seguir desarrollando una lucha antiterrorista de baja intensidad».

[El lector interesado puede acudir al libro de José Luís Barbería y Patxo Unzueta: Cómo hemos llegado a esto, Ed. Taurus, Madrid, 2003, en cuyas páginas 38 a 48 se recoge, con pequeños cambios editoriales, el reportaje y la entrevista antes citados]

Casi un año más tarde, también El País publica el artículo de Francisco Perejil cuya cabecera reproduzco a continuación. Sólo extraigo esta declaración de Teo Santos, a la sazón responsable del área de Estudios de ERNE: «Si las hijas de nuestros máximos jefes están pegando fuego a nuestros coches, ¿qué es esto?».

La cosa no para ahí. El 5 de abril de 2005, El Mundo publica la primera parte de una encuesta realizada entre una muestra de 737 agentes de la División de Seguridad Ciudadana de la Ertzaintza, cuyo titular es suficientemente expresivo y no requiere mayor comentario.

Acompaño también el gráfico con las respuestas a la pregunta ¿ha recibido o ha visto recibir a terceros órdenes verbales directas o indirectas de no actuar?

Un día más tarde El Mundo completa la publicación de la encuesta con el siguiente titular:[enlace de EQM con el mismo].

Y el gráfico de la pregunta: La Consejería de Interior informa habitualmente y con inmediatez a los ertzainas de la totalidad de los datos que se incautan a ETA, especialmente si un ertzaina es objetivo individualizado.

Segundo: Los datos de las actuaciones policiales de la Ertzaintza señalan su progresiva inactividad contra ETA

Florencio Domínguez, en su artículo «La Ertzaintza contra ETA», publicado por El Correo el 27 de junio de 2009, ha recordado que, entre 1989 y 1998, la policía autonómica vasca detuvo a 120 miembros de ETA o personas relacionadas con ella -es decir, doce al año- con una efectividad del 80 por 100, pues 96 de ellos fueron encarcelados o quedaron procesados en libertad bajo fianza. En el quinquenio siguiente, entre 1999 y 2003, hubo 55 detenciones -once al año- pero la efectividad se redujo sustancialmente hasta el 52,7 por 100. En el último quinquenio, entre 2004 y 2008, sólo ha habido cuatro detenciones y la efectividad se ha reducido un poco más -hasta el 50 por 100-, pues sólo dos han resultado en procesamiento.

Tercero: Es un hecho comprobado que, con ocasión del Pacto de Lizarra entre el PNV y ETA, el Consejero de Interior Javier Balza desmanteló los servicios antiterroristas de la Ertzaintza y eliminó casi todos los servicios de protección de las personas amenazadas por ETA.

A raíz del asesinato de mi hermano Fernando Buesa, varias personas de la familia y del Partido Socialista, principalmente Víctor García -que ocupó durante el primer gobierno Zapatero la Dirección General de la Policía- y yo, realizamos un Informe sobre la seguridad y protección de Fernando Buesa. En él se concluía lo siguiente:

«La protección de Fernando Buesa ante cualquier posible agresión terrorista correspondía, dada su condición de Diputado del Parlamento Vasco, a la Consejería de Interior del Gobierno Vasco. Ésta actuó negligentemente cuando, con ocasión de la tregua declarada por ETA en septiembre de 1998, le retiró todos los dispositivos de protección, incluyendo las operaciones de contravigilancia, pues, de hecho, tal circunstancia fue aprovechada por el comando Ituren de la banda terrorista para realizar un detallado seguimiento de Fernando Buesa.

Finalizada la tregua a finales de noviembre de 1999, la Consejería de Interior del Gobierno Vasco volvió a disponer la protección de Fernando Buesa asignándole el acompañamiento de un policía, el ertzaina Jorge Díez Elorza. El sistema de protección, que no incluía ningún elemento adicional, debe ser considerado, por su bajo nivel, inadecuado, dados los antecedentes de Fernando Buesa como persona amenazada por ETA, así como su personalidad política. La Consejería de Interior cometió un grave error al evaluar el riesgo al que estaba sometido Fernando Buesa y le protegió de manera insuficiente. Incurrió así en una responsabilidad política que cabe reclamarle.»

El Informe contiene la siguiente información acerca de los servicios de protección de la Ertzaintza en aquella época:

«La comprensión del problema al que se refiere este informe requiere retrotraerse hasta el mes de diciembre de 1995. En esa fecha, la Ertzaintza desarticula el comando Araba de ETA y descubre que uno de sus objetivos prioritarios era la figura de Fernando Buesa, contra quien planeaban cometer un atentado. La noticia fue ampliamente difundida en la prensa y es sobradamente conocida. En el momento de producirse la detención de los terroristas, Fernando Buesa carecía de cualquier protección o escolta policial, pues ésta le había sido retirada unos meses antes, en 1994, con ocasión de la disolución del gobierno tripartito del que había formado parte como Vice-Lehendakari.

A raíz de la referida detención, la Consejería de Interior del Gobierno Vasco asignó a Fernando Buesa una protección policial de alto grado -coche oficial con barredor de frecuencias, servicios de contravigilancia, acompañamiento a cargo de los cuerpos de elite de la Ertzaintza- en consonancia tanto con el riesgo percibido como con el nivel de su personalidad política.

Dicha protección se mantuvo hasta que el 16 de septiembre de 1998 ETA dio comienzo a su tregua. Durante el período de tiempo que media entre la desarticulación del comando Araba y esta fecha, hubo ocasiones en la que la protección se hizo más intensa, coincidiendo con la detención de nuevos comandos de ETA, lo que parece indicar que el nivel de riesgo de Fernando Buesa -evaluado a partir de la documentación incautada a los terroristas- se mantenía o, eventualmente, se incrementaba. De todos modos, no podemos confirmar este último extremo, pues la información de que disponemos no lo permite.

Con el inicio de la tregua de ETA y tras las elecciones autonómicas de 1998, el nuevo Gobierno Vasco retiró la protección policial a Fernando Buesa. Esta situación se mantuvo hasta pocos días después de que ETA diera por finalizada dicha tregua.

La retirada de la protección a personas amenazadas fue, al parecer, generalizada y debió constituir una de las opciones adoptadas por el Gobierno Vasco al reorientar su política de interior de conformidad con las directrices emanadas del Pacto de Lizarra y de los acuerdos adoptados entre sus signatarios. De hecho, durante el período de la tregua, el número de las personas que contaron con un dispositivo de seguridad de alto nivel fue mínimo (véase el Recuadro 1). Además, en el caso de Fernando Buesa, según ha confirmado la Ertzaintza, desde el comienzo de la tregua hasta el momento de su muerte, no se realizó ningún servicio de contravigilancia. Tal opción, a la vista de los acontecimientos posteriores, la entendemos como un grave error político. A este respecto, debe tenerse en cuenta que ETA continuó recabando información con fines delictivos durante la tregua -y, de hecho, lo hizo en el caso de Fernando Buesa-, lo que tal vez pudiera haber sido detectado y contrarrestado de no haber cesado una buena parte de las labores de protección y contravigilancia confiadas a la Ertzaintza.»

Recuadro 1.

Personas con protección policial del Gobierno Vasco en el momento de ruptura de la tregua de ETA

De acuerdo con los informes recibidos de la Consejería de Interior del Gobierno Vasco, las personas que, en el momento de la ruptura de la tregua, disponían de protección de alto nivel por la Ertzaintza, eran las siguientes:

Personalidades vinculadas a las instituciones:

Lehendakari, Consejero de Interior, Viceconsejero de Seguridad, Presidente del Parlamento Vasco, Ex-Viceconsejero de Seguridad en el anterior gobierno, Diputado General de Álava, Alcalde de Vitoria, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Juez de Vigilancia Penitenciaria.

Personalidades de partidos políticos:

Presidente del Partido Nacionalista Vasco, Presidente del Partido Popular, Secretario General del Partido Socialista de Euskadi y Secretario General de Unidad Alavesa.

Otros:

Un empresario cuyo nombre creemos preferible no desvelar en este documento.

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CODA:

Es difícil encontrar una hipocresía mayor que la del PNV y la del ex-consejero Balza cuando se hace referencia a su actuación política en la dirección de la Ertzaintza con respecto al terrorismo. Este individuo es responsable político -responsabilidad compartida con su lehendakari Ibarretxe- de la desactivación de los servicios policiales vascos en la lucha antiterrorista.

El problema está en que esos servicios son esenciales para proteger a las personas, pues la policía vasca es la que tiene la competencia y los medios para ello. Algunas de esas personas a las que se debía haber protegido hoy están muertas por haber sido asesinadas. La responsabilidad de los crímenes es, evidentemente, que quienes los cometieron, los ordenaron, los justificaron y los alentaron. Pero hay otra responsabilidad política para Balza y para Ibarretxe, por la omisión de su deber, que la hipocresía del PNV no va a poder ocultar.

Por eso, durante estos años, he sentido vergüenza al ver que estos dos individuos acudían todos los años, como si nada hubiese sucedido, al homenaje anual que la Fundación Fernando Buesa rinde a mi hermano.

NOTAS.-

Imagen.

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