Cimbrando la Constitución
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Pueblo soberano
Viernes, 27 de noviembre de 2009.
Por la dignidad de la Constitución.
Artículo 1.2.- La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
Artículo 161.- El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer: a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta [...].
Artículo 167.1.- Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.
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Avui ha nascut la Premsa del Moviment (Con 'Avui' en el papel de 'Arriba')
[Hoy ha nacido la Prensa del Movimiento (Con 'Avui' en el papel de 'Arriba')]
Santiago González en su blog, 261109.
Doce diarios catalanes, a saber: La Vanguardia, El Periódico, Avui, El Punt, Segre, Diari de Girona, Regió7, Diari de Terrassa, La Mañana, El Nou, Diari de Sabadell, Diari (a secas) acaban de publicar conjuntamente el editorial fundacional de la Prensa del movimiento Catalunya per la seva independència.
Se trata de un editorial altamente preventivo. 'La dignidad de Catalunya', se titula. Desde el primer párrafo, en el que se plantea el futurible que ha requerido el esfuerzo común: "el Tribunal Constitucional puede estar a punto de emitir sentencia sobre el Estatut de Catalunya..." El 'puede' es el alma máter de este incierto y a la vez rotundo manifiesto catalán. La definición de Catalunya como nación, el derecho y el deber de conocer la lengua catalana, la articulación del poder Judicial en Catalunya y las relaciones entre el Estado y la Generalitat son los puntos de fricción más evidentes "a tenor de las versiones del mismo, toda vez que una parte significativa del tribunal parece estar optando por posiciones irreductibles". A tenor de las versiones, parece estar optando.
Pero estamos en los prolegómenos. Luego, el editorialista se mete en harina:
"Hay quien sueña [¿quién? A ver, nombres, datos] con cirugías de hierro que cercenen [¿doce directores juntos para esa mariconada de verbo? Emasculen, castren, deberían haber escrito] la complejidad española. [¿Por qué se invoca siempre la complejidad y el pluralismo español para oponerle la simpleza y el monolitismo catalán?] Esta podría ser [otro 'puede'] lamentablemente la piedra de toque de la sentencia"
"Está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición. [El espíritu de la transición estaba en el estatuto de Sau. Compárese el grado de apoyo de uno y otro] ...podría estar madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut. [podría, ¿comprenden?]
"Estos días los catalanes [¿qué catalanes, y, sobre todo, cuántos?¿el 36,51%?] piensan , ante todo, en su dignidad, conviene que se sepa.(...) Que nadie se equivoque. Ésta no es una sociedad débil, dicen, y éstas son reivindicaciones seguirán siendo "tenazmente planteadas con un amplísimo apoyo político y social". Exactamente el apoyo de 36,51% de los ciudadanos catalanes. ¿Los quieren cuantificados? 1.882.650.
¿A qué obedece esta hinchazón del imperfecto de subjuntivo y del censo adicto? En parte a rasgos de carácter, en parte a otras circunstancias: Lean esta información sobre las subvenciones de la Generalitat a la prensa catalana y los medios que la encabezan: La Vanguardia, El Periódico y Avui.
Escribe 100 veces la sentencia del día:
"España no se rompe; está más unida que nunca". (José Luis Rodríguez, lañador)
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El pronunciamiento catalán
Jorge de Esteban en El Mundo, 261109. Vía Reggio's.
El autor advierte que ejercer coacción y amenaza sobre el Tribunal Constitucional es un delito tipificado en el Código Penal- Recuerda que un Gobierno de González derogó un artículo que vigilaba la constitucionalidad de los proyectos de Estatuto
Nuevamente el presidente de la Generalitat de Cataluña, apoyado por su Gobierno tripartito, ha vuelto a ejercer una clara coacción y amenaza sobre el Tribunal Constitucional, con el evidente objetivo de que éste no declare la inconstitucionalidad del Estatut, tanto total como parcialmente. Igualmente, el presidente de CiU, Arturo Mas, habla ya de la posibilidad de un frente común de los partidos catalanes ante una sentencia adversa.
Esto es: los partidos catalanes, excepto el PP, se han pronunciado contra una sentencia que todavía no existe, al estilo de lo que hacían los militares en el siglo XIX cuando no estaban conformes con el Gobierno de turno. Ahora bien, en el siglo XIX y principios del XX, no había en España un auténtico Estado de Derecho como el que alumbró la Constitución de 1978. En consecuencia, lo que está pasando ahora, jurídicamente hablando, es mucho más grave que aquellas célebres asonadas militares.
Tan grave, que la acción de los miembros del Gobierno catalán constituye presuntamente un claro delito tipificado en nuestro actual Código Penal, como ya recordé en estas páginas hace unos meses, tras la injuriosa ofensiva nacionalista del verano, dirigida a amedrentar al Tribunal Constitucional. Vuelvo a recordar así lo que dice su artículo 508.2: «La autoridad o funcionario administrativo o militar que atentare contra la independencia de los Jueces o Magistrados, garantizada por la Constitución, dirigiéndoles instrucción, orden o INTIMIDACIÓN relativas a causas o actuaciones que estén conociendo, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años, multa de cuatro a 10 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años». Sólo hace falta, pues, que el Ministerio Fiscal o cualquier particular a través de la acción popular denuncie semejante atropello, que, por lo demás, es un comportamiento reicidente.
En definitiva, como señala el artículo 9 de la Constitución, «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico». Sin embargo, el presidente de una comunidad autónoma, el cual incluso formó parte anteriormente del Gobierno de España, parece ignorar este mandato constitucional. Por otro lado, la excusa que con más frecuencia arguyen los nacionalistas catalanes para no aceptar una sentencia adversa para ellos (y no para Cataluña) consiste en que los 10 Magistrados del Tribunal Constitucional que la emitirán no pueden ir contra una norma, como es el Estatuto, que no sólo ha sido aprobada por el Parlamento de Cataluña y por las Cortes Generales, sino también y, con mayor razón aún, por el pueblo de Cataluña a través de referéndum.
Semejante argumento, dejando al margen las magras cifras de participación en el mismo y, por tanto, en su aprobación -legalmente válidas mientras no se establezca un porcentaje mínimo de participación mediante reforma de la trasnochada ley del Referéndum actualmente vigente-, no resulta convincente por dos razones fundamentales. La primera, como señalé ya aquí, porque la Constitución es la primera de las normas del Estado, por encima de todas las demás, y fue aprobada en Cataluña por el cuerpo electoral catalán, además de por el de toda España. Por consiguiente, es claro que un referéndum parcial y limitado para aprobar una ley orgánica o Estatuto, territorialmente acotada, no puede prevalecer nunca sobre una Constitución que fue aprobada por un referéndum de alcance general. Luego no es de recibo contraponer la legitimidad de una ley territorial a la de una institución, como es el Tribunal Constitucional, que fue adoptado en el seno de una Constitución aprobada por todos los electores de España, incluidos los catalanes.
Ciertamente, se arguye también, en este sentido, que el Estatuto aprobado por el cuerpo electoral catalán -y que está vigente desde hace tres años- no puede ser ya amputado por el Tribunal Constitucional, y que éste, por tanto, no debería ejercer el control sobre él. Ya he explicado por qué es así, pero para contentar a los que sostienen esa posición, habrá que recordarles que los Gobiernos del Partido Socialista son los que han provocado este galimatías jurídico que no acaba de desentrañar el Tribunal Constitucional por dos razones.
En primer lugar, porque fue un Gobierno de Felipe González el que derogó un artículo clave del desarrollo autonómico, como era el 79 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en donde se establecía el control previo de constitucionalidad para los proyectos de Estatutos, antes de que entrasen en vigor. Es más: se hacía una mención especial respecto a los que se exige -según el artículo 151.2 y 3 de la Constitución-, que sean sometidos, una vez aprobados por las Cortes, a referéndum en el territorio de la comunidad autónoma en cuestión.
De esta manera, se conseguía un doble objetivo. Por un lado, que no fuesen declarados inconstitucionales cuando ya estuviesen surtiendo efectos jurídicos. Y por otro, que en el caso de los proyectos de Estatuto del artículo 151, el control debería hacerse, para no defraudar al cuerpo electoral respectivo, antes de que se celebrara el referéndum exigido.
Al suprimirse torpemente este artículo, se estaban sembrando las futuras discordias que hoy ya han germinado. Las consecuencias son que en estos tres años se han aprobado muchas disposiciones de desarrollo del Estatuto, y no resultara fácil, en su caso, dar marcha atrás. Pero si se quiere buscar a los responsables de todo este embrollo jurídico-político, no se debe achacar la culpa al Tribunal Constitucional, sino al PSOE (o PSC), del cual forma parte el presidente de la Generalitat y otros miembros de su Gobierno. Por supuesto, cada uno debe de cargar con sus propios pecados. Pero en ningún caso recaerán sobre el Tribunal Constitucional si, como parece y es lógico, declara inconstitucional el engendro jurídico del Estatuto, inspirado irresponsablemente por Zapatero: primero con una frase que pasará a la historia («Apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña» ) y posteriormente alentando también su puesta a punto en unas veladas maratonianas compartidas con Arturo Mas en La Moncloa, donde ambos hicieron mangas y capirotes con el proyecto de Estatuto como si fuese una larga partida de mus y tras las cuales ambos aparecieron como ganadores al margen del Parlamento.
Todos los augurios hacen deducir que la sentencia es inminente, aunque personalmente dudo que a quienes corresponde se les ocurra hacerla pública antes del 13 de diciembre, fecha en la que comienza el concurso de independentismo de muchos pueblos catalanes. Sea como fuere, dentro del Tribunal hay algún magistrado, y no miro a nadie, que se empeña en ir filtrando a la prensa los flujos y reflujos de los interminables debates, lo que es algo gravísimo. Mientras tanto, el singular ministro de Justicia que tenemos ha vuelto a afirmar que el Estatuto es constitucional, porque entre otras cosas «fue aprobado por la mayoría de los representantes legítimos del pueblo español». Se sorprende uno de que este señor sea catedrático de Derecho Constitucional, porque todas las leyes en España son aprobadas «por los representantes legítimos del pueblo español» y, sin embargo, querido ministro, muchas de ellas son expulsadas, en todo o en parte, del ordenamiento jurídico por el Tribunal Constitucional. Pero da la impresión de que en España los políticos no leen ni conocen la Constitución, que es la norma en donde se contienen las reglas del juego político y que obliga tanto a tirios como a troyanos.
De hecho, con motivo del próximo día de la Constitución, el presidente del Congreso de los Diputados se ha dirigido a los portavoces de los grupos parlamentarios para que se elabore una lista de personajes famosos que lean en la cámara diversos artículos de nuestra Norma Suprema. Me parece una idea loable y, por tanto, quiero simplificarle la tarea al presidente Bono, indicándole los personajes que merecen más este honor: todos los miembros del Gobierno tripartito de Cataluña, empezando por su presidente Montilla, los nueve jueces que han sido nombrados para formar parte del Tribunal Constitucional de bolsillo que se acaba de crear en Barcelona, los dirigentes de CiU y, por último, no vendría mal que leyesen también muchos artículos los miembros del Gobierno de España, empezando, claro está, por su presidente. Tal vez así se acaben enterando todos ellos de lo que dice la Constitución, la cual festejaremos el próximo día 6, cuando precisamente arrecien las amenazas del pronunciamiento catalán.
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Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.
Francesc de Carreras en La Vanguardia, 261109. Vía Reggio's.
Leo en la La Vanguardia de anteayer las posiciones de los principales partidos catalanes acerca de la sentencia del TC que, hipotéticamente, declarará contrarios a la Constitución ciertos preceptos del Estatut. Permítanme que les haga un breve resumen de estas posiciones: Artur Mas mantiene que el tribunal debe inhibirse y no anular ni reinterpretar el texto, Montilla anuncia que no renuncia a hacer prevalecer el pacto político que hizo posible este Estatut, Esquerra considera que la independencia es la única solución que ya queda e Iniciativa que la Constitución entrará en vía muerta si el TC tumba el Estatut.
De todas estas posiciones se desprende un menosprecio generalizado por el Estado de derecho y una apocalíptica sensación de que a los ciudadanos de Catalunya no les preocupa otra cosa que esta sentencia y están dispuestos a rebelarse en masa ante tan ignominiosa afrenta. Salgo a la calle, hablo con unos y con otros, y percibo claramente que las preocupaciones son muy distintas. Alguien parece interesado en distraer al personal para ocultar otras inquietudes de la sociedad catalana, mucho más palpables y menos abstractas.
Los motores se venían calentando desde hacía meses y se intensificaron antes, durante y después de este verano.
El motivo es el vértigo del fracaso ante unas elecciones ya próximas. En realidad, lo que pretenden los políticos catalanes no es defender el Estatut, ni a Catalunya, ni a los catalanes: lo que tratan es defenderse a sí mismos, no dejar en evidencia su tan visible mediocridad. Están asustados ante unos sondeos de opinión según los cuales, si las elecciones se celebraran hoy, se abstendrían de votar más de la mitad de los electores: sería la constatación de su fracaso y la certeza de una desconfianza generalizada. Esto es lo que verdaderamente les preocupa.
Para entender este patético panorama, nada mejor que acudir a un documento histórico que nunca me cansaré de recomendar.
Se trata del libro de Amadeu Hurtado Abans del sis d´octubre (un dietari), publicado por Quaderns Crema (Barcelona, 2008). En él se recogen las anotaciones diarias del autor entre el 29 de mayo y el 15 de septiembre de 1934, escritas con pluma brillante e incisiva. El autor no ha pretendido acumular anécdotas más o menos divertidas y curiosas, sino, por el contrario, según sus propias palabras, la intención es consignar "las características esenciales de la vida pública catalana" (página 212). Si contrastamos lo que nos explica de aquellos tiempos y lo que está pasando ahora, poco o nada ha cambiado en la vida política catalana, los caminos por los que discurre son muy semejantes.
Amadeu Hurtado fue un prestigioso abogado y político, republicano de toda la vida, amigo y hombre de confianza de Macià en sus primeros tiempos como president. En 1934 la Generalitat le encarga la defensa jurídica de la famosa y conflictiva Llei de Contractes de Conreu ante el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República. Ello le permite conocer los entresijos de la política madrileña y catalana de aquellos meses, que describe con ironía y minuciosidad. Memorables son sus retratos de Macià y Companys, de Alcalá-Zamora y de Azaña, así como el recuerdo de una conversación, repleta de lucidez e inteligencia, con Gaziel.
Efectivamente, al leer el libro se tiene la sensación de que el tiempo no ha pasado, que incluso los personajes se repiten. Lo que explica Hurtado es pura actualidad. Por ejemplo, al hablar de la creciente desafección de los ciudadanos hacia los políticos catalanes, Hurtado observa: "Nuestros partidos necesitan estas agitaciones (las protestas contra la decisión del Tribunal de Garantías) porque los políticos catalanes no pueden ni saben hacer otra cosa". Y añade: "Los políticos han de suplir su ineptitud con frecuentes apelaciones al pueblo, fingiendo peligros que no existen y creando conflictos imaginarios, es equivocado y funesto" (página 167). O :
"Catalunya no ha producido, ni puede producir por ahora, ningún otro tipo de político que el agitador propenso a la protesta como el pueblo mismo y hábil en aprovechar cualquier motivo de orden sentimental para provocar miedo en el adversario mientras dure la llamarada (...) La República, a pesar de haber reconocido la autonomía catalana, es tan odiosa como la Monarquía, y esto, además de injusto, puede llegar a ser funesto" (página 59).
¿Les suena todo esto? Hoy estamos como en 1934, aunque, por fortuna, quiero ser optimista, sin la perspectiva de un 6 de octubre, de una ruptura del orden constitucional. Estoy convencido de que aquellos tiempos no volverán, pero, ¡cuidado!, la historia da sorpresas y el futuro nunca está escrito.
M. Dolores García escribía en estas páginas el pasado martes: "En todo caso, sea cual sea el resultado de la sentencia, el embrollo surgió de los partidos y ellos deberán solucionarlo. No vale apelar a la respuesta ciudadana cuando, por incompetencia política, se ha acabado en un callejón sin salida. Ellos nos metieron en esto, pues que nos saquen".
Me parece un juicio exacto. Con sus exagerados aspavientos electoralistas, los políticos catalanes lo único que pretenden es salvarse del ridículo, que los justos paguen por los pecadores: saltándose las reglas de juego, ya al final del partido intentan descalificar al árbitro, al Tribunal Constitucional, con la finalidad de que no se les pidan responsabilidades.
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FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.
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Comentario de PJ Ramírez, en El Mundo en dos minutos, 261109.
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rp dijo
LA DIGNIDAD DE LOS ESPAÑOLES (INCLUIDOS AL MENOS 2,7 MILLONES DE CATALANES)
Editorial de El Mundo, 271109.
LA «DIGNIDAD», «el respeto», «la solidaridad» y los principios a los que hacía referencia el editorial publicado ayer al unísono por 12 diarios catalanes no son valores atribuibles a los territorios, las instituciones o los colectivos sino a las personas. Ni Cataluña tiene dignidad ni España, honor. La tienen y lo tienen los catalanes y los demás españoles de uno en uno.
Si, desde luego, es respetable la voluntad de los 1,9 millones de catalanes que votaron a favor del nuevo Estatuto hace tres años, ocho veces más respetable todavía es la voluntad de los 15,7 millones de ciudadanos que votaron en toda España a favor de la Constitución en 1978. Como la memoria es débil, hay que recordar que 2,7 millones de catalanes votaron entonces «sí» a la Constitución, un 50% más que esos 1,9 millones que apoyaron este Estatuto con un censo mucho mayor. En términos porcentuales, lo cierto es que el Estatuto obtuvo el apoyo del 36% de los votos sobre el censo electoral de Cataluña, mientras que la Constitución obtuvo un 62% de respaldo.
La Constitución está vigente no sólo porque fue refrendada por una amplia mayoría de los españoles, sino porque además ha sido revalidada en la práctica en todas las elecciones en las que los ciudadanos han acudido a las urnas en estos 31 años, votando en su gran mayoría a partidos como el PP o el PSOE que dicen respaldar la Carta Magna.
Mientras no se modifique, la Constitución establece la existencia de un Tribunal al que encomienda el examen de la constitucionalidad de las leyes, tanto si proceden del Congreso como de los parlamentos autonómicos. Esa es su función y si a alguien no le gusta, lo que tiene que hacer es proponer un cambio de la Constitución.
Los 12 periódicos contraponen la legitimidad del Estatuto aprobado por el Parlamento catalán y el Congreso y mediante consulta popular con la del Constitucional, al que llaman una «cuarta cámara». Es una comparación falaz y demagógica porque, como cualquiera sabe, la democracia se basa en la separación de poderes.
Como adelantábamos ayer, resulta imposible decir más falsedades con peor intención en menos espacio. Pero antes de entrar en su análisis, lo primero que llama la atención es que 12 periódicos de tendencias ideológicas bien distintas olviden sus diferencias para defender un Estatuto que identifican con la construcción nacional de Cataluña.
Ello recuerda mucho el planteamiento del llamado «nuevo orden informativo internacional», promovido por aquel director de la Unesco llamado Mbou, que alegaba que por encima del pluralismo estaba la contribución de la prensa a la lucha por la emancipación frente al colonialismo occidental. Los periódicos catalanes han optado por cerrar filas con el Estatuto en el que unos ven un elemento clave de la identidad de Cataluña y otros un peldaño más hacia una futura independencia.
No hay precedentes en la prensa española de una iniciativa como ésta, salvo algunos editoriales conjuntos en defensa de la libertad de expresión contra el terrorismo al inicio de la Transición. Pero lo importante no es el burdo intento de presión al Constitucional ni los significativos aplausos de Montilla y los nacionalistas a la iniciativa de los periódicos. Lo esencial es que lo que dicen es un vademecum de disparates.
Dicen que el Tribunal es «un corazón con las válvulas obturadas», ya que la mitad de sus integrantes está en situación de interinidad. Al margen de que no es culpa de los magistrados sino de los partidos que no se han puesto de acuerdo para renovarlos, eso no les resta legitimidad alguna, puesto que es un supuesto contemplado por la ley.
Dicen que alguien sueña con «cirugías de hierro» desde «posiciones irreductibles» y que «el dilema real es avanzar o retroceder» en la pluralidad de España. Defender la Constitución frente al nacionalismo disgregador no es retroceder sino impedir el retroceso. Los autores de este texto son tan sectarios que llaman retrógrados a quienes no están de acuerdo con ellos.
Dicen que está en juego «el espíritu que hizo posible la pacífica Transición» cuando son los impulsores del Estatuto quienes no han vacilado en cargarse 30 años de consenso constitucional alumbrando una norma intragable para el PP y celebrando su exclusión.
Dicen que hay que respetar los pactos cuando ellos quieren pasar por encima de la Constitución y de la voluntad del conjunto de los españoles.
Dicen que hay un «obsesivo escrutinio» sobre la lengua catalana cuando sus mentores políticos han erradicado el español de las aulas e incluso de los patios de recreo.
Y amenazan con «una legítima respuesta» de «la solidaridad catalana», eufemismo que revela el intento de coaccionar al Constitucional y de sacar a los catalanes de sus casillas. Hagan lo que hagan, ahora que se ha adherido el Barça, será un gol en propia meta
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http://www.elmundo.es/diario/opinion/21276416.html
27 Noviembre 2009 | 11:21 AM