Pero no me tortures...
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EQM_081209
[Sobre la primera página [en su versión original] de la actual Carta Magna española [1978], aprobada durante la Legislatura Constituyente [1977-1979] y en la que figura el primer escudo constitucional [1977-1981], que, obviamente, es el mismo que figura con motivo de su publicación en el BOE de 29 de diciembre de 1978].
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Escudos, pusilanimidades y fracaso
De EQM, 091208 [reedición; porque las cosas están tal cual, o peor].
La Constitución de 1978, nacida de la Transición y fruto del consenso y la conciliación entre los que detentaban un poder hegemónico heredado del franquismo y quienes deseaban abril el país a la democracia, conllevaba graves desaciertos que dieron lugar a un aparente modelo de magia descentralizadora, para convertirse en la actual 'casa de los líos' o nación de la naciones [+].
Desde el comienzo, se fueron enterrando sus esperanzas. Como si hubiera sido una pena no haber tirado por la calle de enmedio de la ruptura. Y de aquellas pusalinimidades nació la conciencia de culpa de los conservadores, la apoteosis de la izquierda y la soterrada explosión de los nacionalismos. 'A España no la va a conocer ni la madre que la parió'.
Valga como inicial ejemplo anecdótico la historia del escudo que preside la carta magna, que fue inmediatamente tachado de fascista y de ahí que las actuales imagenes del documento traten de ocultarlo o lo sustituyan falsamente con el actual.
Aunque muchos parecen desconocerlo -y no hablo de la ingente cantidad de nuevos ignorantes-, el escudo de 1978 [con el denominado 'aguilucho' o 'gallina', es decir, el águila de S. Juan, cuyo origen heráldico no es fascista sino que se encuentra en el escudo de los Reyes Católicos] no era el propio del franquismo [que, en realidad, tuvo tres: 1, 2 y 3], sino que se trataba de uno nuevo aprobado a comienzos de la transición por el primer Gobierno de Adolfo Suárez y que no se cambió por el actual hasta finales de 1981. Del vigente, se establecieron sus colores ya a finales de la I legislatura [2º periodo constitucional], con Leopoldo Calvo Sotelo de Presidente e inmediatamente antes de que ganara las elecciones Felipe González.
En resumen, el escudo proscrito fue el constitucional... ¡durante toda la primera legislatura!
Pero eso no resultó mas que un indicio, la cata. Los padres de la Constitución, confiados en la buena fe del regionalismo periférico y en la sensatez de los primeros de la nueva clase [vascos y catalanes], se inventó las nacionalidades y les entregó de pies y manos, entre otras, toda la política educativa, linguística, sanitaria y gran parte de las de mercado y sociales, dando lugar al progresivo desarrollo de la España de las desigualdades y al nacimiento, por tanto, de un espíritu confederal cuyo primer objetivo es aplastar la soberanía -la nación- que les dió el ser. Es decir, dame la legitimidad que me la como.
Y en esas estamos mientras no decidamos que hasta aquí llegó la riada.
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La supremacía de la Constitución
Gregorio Peces-Barba con motivo del 31º aniversario de la Constitución, en El País, 061209.
En el 31º aniversario del referéndum que el 6 de diciembre aprobó con gran mayoría de votos favorables, en todas las provincias, sin excepción, la vigente Constitución refrendada en acto solemne, promulgada y ordenada en publicación el 27 de diciembre y publicada en el BOE, el 29 del mismo mes, parece que el mayor homenaje que podemos hacerle es subrayar su supremacía sobre todas las restantes normas del Ordenamiento español y recordar también que la soberanía corresponde al pueblo español, que significa que la única nación soberana es España.
Esta supremacía lo es sin excepción alguna, y sus contenidos sólo se pueden cambiar por el sistema de reforma establecido en su Título Décimo. Resulta duro tener que recordar con frecuencia lo que debería ser obvio, pero esa necesidad se produce porque en nuestro país, como ya recordaba Fernando de los Ríos hace muchos años, falta respeto entre los ciudadanos, entre los políticos que representan a los poderes públicos, y también entre los medios de comunicación.
En cuanto que se plantea un hecho difícil, una situación con zonas de penumbra, saltan las alarmas de las faltas de respeto. La decisión de abrir la reforma de los Estatutos antes de la reforma de la ley electoral y de la propia Constitución, en temas que no afectan ni modifican el gran consenso que la hizo posible, ha propiciado muchas salidas de tono. Denunciarlas es también contribuir al homenaje a la Constitución.
Hay falta de respeto en todos los partidos catalanes de gobierno y de oposición que han presionado al Tribunal Constitucional, con malas formas; también en la prensa catalana, que con su editorial unitario, aunque no han sobrepasado los límites de la libertad de expresión, porque no han producido un claro y presente peligro de violencia, sí han señalado que una decisión de inconstitucionalidad sería faltar al respeto a Cataluña. Es un sofisma y una falacia monumental, poco oportuna e injustificada.
También creo que ha faltado al respeto la ministra de Defensa cuando ha pedido al Partido Popular que retire su recurso. Tampoco parece oportuno en este momento la reiterada manifestación del presidente del Gobierno sobre la indudable constitucionalidad del Estatuto, que constituye también una presión, al menos objetiva. Déjese trabajar al Tribunal y respétese su decisión, sin perjuicio de la crítica técnica y académica sobre sus contenidos.
Para mí, esta defensa contundente de la supremacía de la Constitución es el mejor homenaje en este 31º aniversario de su aprobación popular.
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Nota de EQM.- El autor es padre de la Constitución [1977-1978] y ha sido Presidente del Congreso de los Diputados [1982-1986].
Ayer, en Punto Radio, matizó este texto alegando que no era contrario a que se considere a Cataluña una nación y que veía "irrelevante" tal polémica no solamente, porque se refleja en el preámbulo sino porque ya "algunos" padres de la Constitución apuntaron en los debates que España era la "única nación soberana" que "podía estar formada por naciones culturales". SIC. [Fuente: ABC, 071209].
Que cada cual aplique el nivel de carcajada que estime por conveniente.
'Estatut', legalidad y legitimidad
Rafael Arias-Salgado, en El Mundo, 071209.
EN UN ESTADO de Derecho, todo lo que es legal -sea bueno o malo desde una perspectiva política, filosófica o moral- es legítimo. La legitimidad política en democracia se define, precisamente, por referencia a la legalidad; es decir, deriva de la adecuación de principios y conductas a la ley positiva vigente aprobada por un Parlamento democrático como expresión de la voluntad general. Establecer una separación entre legalidad y legitimidad -es decir, sostener que hay principios y conductas legítimos aunque sean ilegales- es un camino seguro para subvertir el orden democrático de Derecho.
En una democracia constitucional, los conflictos políticos se resuelven aplicando la ley y, en su caso, apelando a las instancias jurisdiccionales a las que la ley apodera. La política, en régimen democrático, no puede salirse, especialmente en caso de conflicto, de los cauces que trazan las normas legales.
Desde la Generalitat de Cataluña, diversas voces han cuestionado la legitimidad del Tribunal Constitucional para inconstitucionalizar en todo o en parte un Estatuto de Autonomía aprobado en referéndum por el pueblo catalán. Se acude a un argumento en el que interesadamente se omite la referencia a la legalidad constitucional vigente. De contrario, se ha incurrido en razonamiento similar al quitar legitimidad, sin fundamento alguno en la legalidad constitucional, a un referéndum por la escasa participación ciudadana.
De aceptar -como me parece inevitable- que la legalidad constitucional debe ser el primer y único argumento de todos -si queremos preservar la democracia y su organización institucional, el Estado de Derecho-, el resto del argumentario de los que impugnan la legitimidad del TC no sólo carece de solidez, sino que tiene consecuencias disolventes.
En efecto, si aceptamos el argumento de algunos políticos de que el Alto Tribunal, por sus avatares recientes, carece de legitimidad para enjuiciar un Estatuto aprobado en referéndum, también podríamos sostener, a conveniencia y por virtud de avatares similares, que las decisiones y leyes de la Generalitat son ilegítimas y no rige respecto de ellas el deber de obediencia. Y es que la legitimidad del TC y de sus competencias y la legitimidad de la Generalitat y de las suyas, como poderes constituidos, derivan directamente de una misma legalidad: la vigente legalidad constitucional.
Si ésta, por las razones extralegales que se aducen, no cubre la legitimidad del TC, tampoco cubre -por las mismas u otras razones también extralegales- la legitimidad de la autonomía que encarna en la Generalitat. Dicho de otra manera: el fundamento de la autoridad del presidente y del Parlamento catalán es el mismo que el de la autoridad de los magistrados del TC, y no cabe prescindir o cuestionar tal fundamento al valorar la actuación del tribunal y alegarlo, en cambio, para otorgar autoridad al Ejecutivo y Legislativo autonómicos. El Parlamento de Cataluña sería un poder ilegítimo si no estuviese amparado por la Constitución vigente. Y ésta inviste al TC de la competencia para enjuiciar la conformidad del nuevo Estatuto al texto constitucional.
Separar la legitimidad de la legalidad es un camino peligroso que garantiza el conflicto, lo hace insoluble y termina por legitimar movimientos antidemocráticos. Después de todo, así empezó a quebrar la II República española. Al margen o contra la Constitución, se puede discutir todo, pero ninguna decisión es legítima, aunque en el ámbito de la libertad política -que la Constitución garantiza- siempre lo sea la aspiración a configurar por medios legales una sociedad diferenciada.
Tal fue el espíritu de la Transición democrática y de la legalidad que alumbró, gracias a la cual el pueblo catalán -como parte singularizada del pueblo español- ha alcanzado más poder real y legal que nunca en su historia moderna a través de un nivel competencial que le permite un amplio autogobierno y también influir decisivamente en el porvenir de España. Hasta ahora -y pese a algunas sombras- ha sido en conjunto para bien.
Es más, Cataluña ha sido ejemplo de integración diferenciada en la unidad política española para otros países que tienen problemas de incardinación de regionalismos fuertes que aspiran a alcanzar grados similares de autogobierno. Está por ver que el nuevo Estatuto mejore, a todos los efectos, la situación alcanzada. En todo caso, debe quedar claro que no será el TC en cumplimiento de su función quien frustre el nuevo proceso estatutario cualquiera que sea el sentido de la sentencia que dicte. Para avalar o anular detenta legitimidad en plenitud porque así lo establece la Constitución.
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Rafael Arias-Salgado es ex ministro y ex diputado constituyente.
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NOTAS.-
Ámame o déjame.- Canción de Mónica Naranjo [España, 1974], compuesta por ella misma con Cristóbal Sansano, perteneciente al album 'Palabra de mujer' [1997]. De la letra:
Ámame o déjame,
Pero no me tortures hasta el
Amanecer.
Les dejo con una de sus mejores versiones, con motivo de la Mochevieja de 1998 en TVE:
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y con esta otra:
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Pedrín Fortea dijo
Quicio, lo de la canción es un acierto. Y es que entre todos la estamos maltratando desde hace tiempo. La pregunta que me hago es: ¿cómo puede ser que no pongamos los medios para defenderla con urgencia y sin embargo, cuando se trata de una mujer maltratada si que lo hacemos?
8 Diciembre 2009 | 09:57 AM