El aquelarre de los sindicatos

Pedro Schwartz en Expansión, 060510.

El fracaso de las tradicionales manifestaciones del 1 de mayo en este año de 2010 revela algo más que la pérdida de confianza de los trabajadores en sus sindicatos y el Gobierno socialista al que apoyan.

Ese fracaso es síntoma de un mal más profundo: el agotamiento del modelo de relaciones laborales consagrado por el Estatuto de los Trabajadores de 1980. Ese estatuto hunde sus raíces en el Derecho laboral del régimen franquista, nacido con el Fuero del Trabajo de 1938 y perfeccionado por las normas que crearon los sindicatos verticales una vez consolidado el régimen.

El sistema laboral español es hoy en esencia corporativista, como lo fue desde su origen por inspiración directa del general Franco. Como tal, resulta fundamentalmente extraño al sistema de economía de mercado, por lo que supone una rémora para el bienestar de los trabajadores y para el progreso económico de la nación.

Esas entecas manifestaciones, esos discursos de los líderes de los dos sindicatos ‘mayoritarios', UGT y Comisiones Obreras, las consignas coreadas por los escasos asistentes, las banderas republicanas incongruentemente flameadas ante las cámaras, las alusiones a los fusilados del bando republicano durante la guerra civil, incluso la defensa del juez Garzón como nueva víctima de un franquismo redivivo son testimonio de lo que Jean-Paul Sartre, en El ser y la nada, llamaba la mauvaise foi, la mala fe de la que este filósofo estalinista sabía mucho por introspección: los sindicalistas juegan a ser lo que no son, con tanta o más exagerada convicción cuanto que, en realidad, son la nada.

No representan a los trabajadores, pues apenas tienen afiliados. Proclaman su independencia, cuando viven de las contribuciones de las empresas y de la subvención pública. Actúan como si fueran el Gobierno socialista del país, aunque en verdad son su instrumento de propaganda. Se arrogan poderes de negociación que les otorga una legislación torcida. Amenazan con huelgas generales, que luego se quedan en paros parciales de un día.

Sarcasmo y señuelo

El lema de la convocatoria rezaba así: Por el empleo con derechos y la garantía de las pensiones. Lo uno es un sarcasmo, lo otro un señuelo. Esos manifestantes se atrevían a pedir más empleos blindados, que son una de las causas principales de que uno de cada cuatro activos se encuentre sin trabajo en España. Piden seguridad de que las pensiones se vayan a cobrar por los siglos de los siglos, pero no dicen cómo, si aumentando los impuestos generales cuando se vacíe la caja de la Seguridad Social, si encareciendo el empleo alzando las cotizaciones de las empresas.

La verdadera cifra de afiliación a los dos sindicatos mayoritarios es un secreto celosamente guardado por sus dirigentes. Se sospecha que no llega al 6% de los trabajadores por cuenta ajena, aunque en el sector público son más numerosos porque las reivindicaciones de los funcionarios son con pólvora del rey. Toda la fuerza política de los sindicatos se basa en el papel que el Estatuto de los Trabajadores otorga a los delegados del personal y a los comités de empresa, así como el modo de elegir estos representantes. Como bien saben empresarios y directivos, las empresas con más de 10 trabajadores y menos de 50 han de tener de uno a tres delegados, según el tamaño.

Las compañías de 50 o más empleados tendrán de cinco a setenta y cinco miembros en el comité de empresa. La fuerza falsamente representativa de los sindicatos mayoritarios nace de que las elecciones al comité de empresa se hacen por un sistema de listas, con lo que sindicatos sin afiliados consiguen puestos de representación como si representaran a alguien. Eso convierte las elecciones sindicales en enfrentamientos entre seudo-partidos políticos. En España no se plantea la cuestión de si los trabajadores pueden afiliarse o no a un sindicato, como en EEUU o en Gran Bretaña: aquí, todos sindicados por la puerta de atrás.

El coste de la labor sindical

Todos estos representantes gozan de horas pagadas por la empresa para realizar su labor sindical, pero por convenio colectivo se podrán juntar horas para liberar totalmente a dirigentes de especial significación, que a menudo pasan a ejercer cargos en el aparato sindical. Un estudio de la patronal recogido en EXPANSIÓN el 7 de marzo pasado cifra en unos 300.000 los delegados y representantes sindicales en España, lo que equivale a uno por cada 39 empleados.

El coste medio de estos liberados parcial o totalmente es, al parecer, de 50.000 euros anuales, sueldo y seguridad social a costa de la empresa. El total podría alcanzar más de 250 millones al año. Piensen sólo en los 4.127 ‘liberados' que dedican todo su tiempo a las labores sindicales pagados por la empresa, para saber la rémora que el sistema creado por el Estatuto de los Trabajadores supone para la economía productiva española.

Otro día me referiré a la cuantía de las subvenciones que los sindicatos, legal o ilegalmente, reciben de la Unión Europea y del Estado. No se sorprenderán mis lectores al descubrir que el Gobierno del Sr. Zapatero ha multiplicado sus dádivas a esos sindicatos que, en sus manifestaciones, sólo gritan contra el Rey, los empresarios creadores de empleo, y los jueces del Tribunal Supremo.

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