Rosa dijo

Ahora toca Marta Domínguez, la Lola Flores del Gobierno enmascarador de los 5 millones de parados.

Contra Marta los mismos que impulsan la legalización de las drogas...

10 Diciembre 2010 | 09:50 AM

calamidad dijo

Ahora van a montarla los moros marroquíes a los que hemos dejado instalarse cómodamente en Melilla.

Consecuentemente, espero que el hazmerreir les militarice al instante por la calamidad que son y representan.

10 Diciembre 2010 | 03:02 PM

pre dijo

Le llamaban calamidad.

10 Diciembre 2010 | 03:03 PM

Capitán Trueno dijo

El Zapatero ha hecho todo adrede para que, aprovechando el malestar social, militarizar a estos tontitos que quieren controlarlo todo.

10 Diciembre 2010 | 03:58 PM

Gual dijo

¿Qué les parece controlar todo y que no te controlen nada?

10 Diciembre 2010 | 05:49 PM

rp dijo

Autocracia

Estado de Rubalcaba

Humberto Vadillo en LD, 101210.

Lunes 20 de septiembre. Por orden de Rubalcaba Juan Antonio González, comisario general de Policía Judicial, pasa a controlar todas las investigaciones que afecten a "cargos públicos y personas de relevancia". Juan Antonio González, cuyas iniciales coinciden con las del policía JAG, implicado en el caso Malaya, cuya persona agració la cacería Bermejo-Garzón tras la que este último lanzo Gürtel. La caza política es de altanería.

Jueves 21 de octubre. Rubalcaba toma posesión como vicepresidente primero del Gobierno, manteniendo la cartera de Interior y asumiendo además la Portavocía. Controlará Sitel, CNI y servicios de información de Policía y Guardia Civil. Según publica Antonio Rubio en El Mundo al poco espetará Rubalcaba a un Magistrado del Tribunal Supremo que le expresa un cierto desacuerdo procedimental: "Mi ventaja es que yo sé todo sobre todos". Ciertamente.

Martes 30 de noviembre. Rubalcaba se reúne con los editores y directores de los principales periódicos de España, encuadrados en la AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles). Para la prensa el 2010 ha sido un año dificilísimo. De pérdidas. Sin excepciones. El peor de la última década. Rubalcaba confía en que "en las próximas semanas" se puedan avanzar una serie de medidas con el propósito de "ayudar" a la prensa. La prensa escrita es casi el único sector periodístico en España en el que todavía existe pluralidad. Salvo en Cataluña. El modelo catalán es el que quiere importar Rubalcaba a toda España. Una excelente relación entre un gobierno que paga y una prensa que nadie quiere leer. Un editorial conjunto cuando sea preciso.

Viernes 29 de octubre. Rubalcaba cena en el restaurante Currito con el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, el fiscal jefe, Javier Zaragoza y los magistrados Gómez Bermúdez, Grande Marlaska y Pedraz. Estos últimos han sido condecorados por el ministro. Condecoración con pensión. Cena a escote. A Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial, le parece "perfectamente aceptable". Asisten también el secretario de estado de Seguridad, Antonio Camacho, y el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez. El juez Pedraz es en estos momentos responsable de la investigación del caso Faisán, algunas de cuyas plumas pueden encontrarse todavía en las solapas de Rubalcaba. Silvestre se comió a piolín.

Sábado, 4 de diciembre. Se declara el estado de alarma para poner fin a la huelga de los controladores aéreos. Rubalcaba es quien toma decisiones, da explicaciones y atiende a los medios. La declaración del estado de alarma era consecuencia no necesaria de años de interesada negligencia en dotar a España de una Ley de Huelga, de la desidia dolosa de años de no formar y homologar a los suficientes controladores aéreos y de la incompetencia habitual y tontuna inoportuna de Pepiño Blanco en la gestión de Fomento.

Jamás se había decretado en la España democrática el estado de alarma. No durante el 23-F, no durante las horas largas que precedieron al asesinato de Miguel Ángel Blanco. No tras el 11-M: se declara con el Rey fuera del país, el todavía presidente Zapatero en el limbo de los nonatos y el jefe de la Oposición mirando cara a La Gomera. Gaspar Zarrías, secretario de estado de Política Institucional, insinúa connivencias del PP con los controladores. No hay respuesta oficial, cese o desmentido de estas palabras.

Rubalcaba se ha dotado estos últimos meses de una cómoda, conveniente, colección de precedentes. En el aire, colgadas de una finísima crin de caballo, oscilan de ahora en adelante y sobre nuestras cabezas las siguientes preguntas: ¿decretará Rubalcaba el estado de alarma en el caso de una eventual intervención de la Unión Europea o el FMI? ¿Lo hará en el caso de una eventual victoria del PP en las elecciones?

En contra de las apariencias, el peor legado que nos ha de dejar Zapatero no será la ruina económica sino la ruina política, institucional y aun moral en la que ha convertido a España. Queda también Rubalcaba de albacea. Anda Rajoy satisfecho con el unánime respaldo que muestran las encuestas al PP. Haría bien en considerar que heredará sólo si Rubalcaba quiere, cuando Rubalcaba quiera, en las condiciones en las que Rubalcaba quiera. La ventaja de éste es, como el mismo dice, que "lo sabe todo de todo el mundo".

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http://www.libertaddigital.com/opinion/humberto-vadillo/estado-de...

10 Diciembre 2010 | 07:49 PM

rp dijo

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Los derechos de todos

Luis del Pino en LD, 11 de Diciembre de 2010

Hace siete días que el Gobierno español decretó un estado de alarma ilegal, que restringe las garantías constitucionales, como respuesta a un conflicto con los controladores que cada vez tiene más visos de haber sido buscado y provocado por el propio Gobierno.

Hace siete días que ciudadanos españoles están sometidos de forma inconstitucional a la jurisdicción militar, en clara violación del artículo 117.5 de nuestra Carta Magna y de la Ley Orgánica que regula los estados de alarma, de excepción y de sitio.

Hace siete días que en España, debido a la declaración del estado de alarma, resulta imposible disolver las cámaras y convocar elecciones anticipadas, incluso aunque mañana nuestro país se declarara en suspensión de pagos.

El pasado jueves, el pleno del Congreso se reunía para que el Gobierno comunicara a la cámara la declaración del estado de alarma. Y la intervención del presidente Zapatero no pudo ser más alarmante.

Porque, lejos de recular en su intento de limitar los derechos constitucionales de los españoles, se reafirmó, por ejemplo, en que el Gobierno utilizará este tipo de resortes legales "para evitar o corregir" situaciones como la que hemos vivido. O sea, que el Gobierno no sólo está dispuesto a implantar estados de alarma ilegales como respuesta a una crisis, sino incluso para evitar crisis futuras. Estado de alarma preventivo, se llama eso.

Trató asimismo Zapatero de explicar cómo es posible que se aplique el Código de Justicia Militar a civiles, cuando la Constitución sólo autoriza a hacer eso en caso de declaración del estado de sitio. Y su explicación no puede ser más siniestra: no es que se haya aplicado el Código de Justicia Militar a civiles, vino a decir Zapatero, sino que primero hemos militarizado a los controladores y luego les hemos aplicado el Código de Justicia Militar.

¿Se dan ustedes cuenta de lo que eso implica? Con ese fraude de ley, el Gobierno podría, a partir de ahora, aplicar por decreto el Código de Justicia Militar a cualquier español sin necesidad de declarar el estado de sitio. Lo único que tendría que hacer, para ello, es militarizar ilegalmente a ese español por decreto.

Como cabía esperar, CIU y PNV respaldaron esta nueva ilegalidad del Gobierno. Supongo que venderán a un precio conveniente el apoyo a la prórroga del estado de alarma.

Rajoy, por parte del PP, estuvo brillante en su intervención y especialmente en su réplica, poniendo el acento en las responsabilidades que tiene el Gobierno en el conflicto desatado en la tarde del viernes 3 de diciembre. Rajoy recordó que todos apoyamos en febrero al Gobierno cuando esté zanjó, mediante decreto, el contencioso con los controladores. Pero recordó también que, desde entonces, el Gobierno debía haber contratado nuevos controladores y no lo hizo, y recordó que debía haber convalidado las licencias de los controladores militares y tampoco quiso hacerlo. Si el Gobierno hubiera hecho alguna de esas dos cosas, no hubiera habido necesidad de sacar ningún nuevo decreto de regulación de las condiciones laborales de los controladores el viernes pasado.

En lo que Rajoy no quiso entrar, y me parece injustificable que no lo hiciera, fue en la ilegalidad del decreto de alarma aprobado por el Gobierno. Quienes sí señalaron esa ilegalidad fueron Izquierda Unida, el Bloque Nacionalista Gallego y Rosa Díez, que pidió la derogación inmediata del estado de alarma, puesto que ya han desaparecido las circunstancias que motivaron su promulgación.

Gaspar Llamazares preguntó, con muy buen criterio, qué vendrá después de este decreto. ¿Se extenderá indefinidamente el estado de alarma, prohibiendo de forma fraudulenta las huelgas en los aeropuertos españoles? ¿Se extenderá la medida a otros colectivos de trabajadores en caso necesario, como por ejemplo los transportistas?

En realidad, Llamazares, por una vez en la vida y sin que sirva necesariamente de precedente, puso el dedo en la principal de las llagas. Porque todos nos tememos, con razón, que el Gobierno va a imponer durísimos recortes sociales en los próximos meses, gracias a la ruina en la que el PSOE ha sumido al país.

Y si se consiente que el Gobierno restrinja ilegalmente los derechos constitucionales de un colectivo de trabajadores, por muy privilegiado que éste sea, se sentirá automáticamente legitimado para aplicar medidas ilegales de represión a cualquier otro colectivo que ose plantear, por ejemplo, que antes de recortar las pensiones, o los sueldos de los funcionarios, o las ayudas de desempleo, primero debería acabarse, de manera radical, con los privilegios de la clase política y de sus mamandurrieros asociados.

Es mucho lo que todos nos jugamos en el conflicto de los controladores. Para empezar, nos jugamos algo tan importante como dar o no carta blanca al Gobierno para restringir a voluntad los derechos constitucionales en caso de crisis. Lo cual sería tanto como dar carta blanca al Gobierno para provocar las crisis que desee con el fin de justificar cada nuevo recorte que se le emperejile.

Ahora, el Gobierno está estudiando proponer con urgencia al Congreso la prolongación del estado de alarma ilegal, más allá del límite de quince días inicial. Ya no está cerrado el espacio aéreo, ni hay gente tirada en los aeropuertos, pero el Gobierno pretende prolongar el recorte de derechos constitucionales.

¿Hasta dónde pretende prolongarlo? ¿Hasta que se termine de privatizar esa empresa, AENA, a la que el propio Gobierno - y no los controladores - ha llevado a la quiebra con su política de inversiones? ¿Hasta las elecciones municipales y autonómicas? ¿Hasta que se clarifique la guerra civil abierta en el seno del PSOE a raíz de la debacle en las elecciones catalanas? ¿Hasta que se aprueben nuevos recortes sociales? ¿Hasta que pasemos la siguiente crisis de suspensión de pagos en enero?

¿Qué pretende exactamente este Gobierno manteniendo, sin justificación ninguna, un estado de alarma ilegal?

No lo sabemos.

Pero lo que sí está claro es que, independientemente de la distribución de culpas que cada uno efectúe en el asunto de los controladores, nos corresponde a todos exigir que el Gobierno cancele, de manera inmediata e incondicional, un estado de alarma que supone una amenaza para los derechos de todos.

Desde aquí lo exijo. Y les animo a ustedes a que lo exijan también.

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http://blogs.libertaddigital.com/enigmas-del-11-m/los-derechos-de...

11 Diciembre 2010 | 02:48 PM

rp dijo

Signos degenerativos

«Cuando la inmensa mayoría está de acuerdo en algo es cuando más imprescindibles son los límites del Estado de Derecho. Es cuando comienzan a peligrar los derechos de la ínfima minoría, sobre todo si es una minoría despreciable»

J. M. RUIZ SOROA en El Correo, 16.12.2010 -

Si algo resulta en verdad preocupante de todo este turbio asunto del estado de alarma que han aprobado (y se disponen a prorrogar) el Gobierno y el Congreso para los controladores aéreos es la falta de reacción por parte de la sociedad civil. Qué digo falta de reacción, ni siquiera la más mínima preocupación o signo de inquietud ante un hecho que, aunque solo fuera por lo extraordinario y anómalo, debiera disparar las campanas de alarma en cualquier sociedad democrática adulta.

A lo que parece, y según lo explicaba un diputado vasco para justificar su voto favorable a la prórroga del estado de alarma, el único interés a tener en cuenta es el general de los ciudadanos a desplazarse sin incomodidad en navidades, el derecho de todos a viajar y disfrutar de sus vacaciones. La garantía de ese derecho, según nuestros gobernantes y diputados, justificaría nada menos que privar de sus derechos fundamentales a los trabajadores del control aéreo. Una curiosa y desde luego inconstitucional forma de ponderar el valor de los respectivos derechos.

En efecto, parece que no se quiere reconocer algo que es bastante obvio: que los controladores son trabajadores civiles de una empresa mercantil sometida en sus relaciones laborales al Derecho común, y que no puede privárseles salvo declaración del estado de sitio o de excepción de sus derechos fundamentales. No es legalmente posible -salvo declaración del estado de sitio- convertir en militares sujetos a disciplina castrense a unos civiles (artículo 117-5º); no es posible -salvo declaración del estado de excepción o sitio (artículo 55)- suspender el derecho de huelga de los trabajadores.

Y, sin embargo, los controladores están privados del derecho de huelga desde el momento en que han sido convertidos en militares forzosos, pues los militares no disfrutan de ese derecho. Afirmar, como lo ha hecho el Gobierno, que los controladores «pretendían echarle un pulso al Estado», es tanto como confundir al Estado con una de sus empresas y aplicar sus poderes coactivos de defensa del orden público a la defensa de los intereses de AENA, que no son en absoluto lo mismo.

Naturalmente que la conducta de los controladores ha sido repugnante; naturalmente que a la inmensa mayoría de la sociedad española le parece muy bien que se militarice a esos sujetos y que se les prive de sus derechos; naturalmente que a todos nos interesa la garantía de poder viajar normalmente. Pero sin pasarse, por favor. Porque, precisamente cuando la inmensa mayoría es la que está de acuerdo en algo es cuando más necesarios e imprescindibles son los límites que establece el Estado de Derecho.

Porque cuando todos tienen el mismo interés es cuando comienzan a peligrar los derechos de la ínfima minoría, sobre todo si es una minoría despreciable. Respetar los derechos de los muchos y de los justos no tiene mucho mérito, lo difícil es respetar los de los poquísimos y antipáticos.

Resulta en verdad una experiencia alucinatoria para quienes en tiempos de Franco combatimos la legislación penal y disciplinaria especial de los trabajadores del mar y del aire ver que, hoy en día, bajo una Constitución democrático liberal, se resucita el delito de sedición para coaccionar y acusar a unos trabajadores por una huelga ilegal.

Resulta estremecedor escuchar a autoridades y fiscales afirmar con estólida arrogancia que los trabajadores que colectivamente abandonaron su puesto de trabajo (pero sin poner en riesgo la seguridad de aeronaves o personas) cometieron un delito de rebelión castigado con años de cárcel porque … así lo dice una Ley de 1964 cuya sola cita debiera avergonzar en democracia.

Hablan incluso de «cabecillas» e «instigadores» de la rebelión. Nadie se para a reflexionar sobre lo insólito del caso de que el abandono ilegal de su puesto de trabajo por unos maquinistas del metro, o unos camioneros, o unos recogedores de basura, sea solo un ilícito laboral, mientras que el de unos trabajadores aéreos lo sería criminal.

¿Cómo podría suceder tan flagrante diferencia de trato o discriminación, se preguntaría cualquiera que se tome en serio el principio de igualdad de todos ante la ley? ¿Sólo porque tenemos por ahí una ley de Franco todavía no derogada? ¿Ése es todo el ponderado argumento de nuestros actuales demócratas para mandar a la cárcel a unos huelguistas?

La degeneración de nuestras democracias no vendrá -dicen los expertos- por el lado de los golpes de estado, sino por el populismo difuso. Por el avance imparable de un estado de opinión en el que el sentir ciudadano tomado en bruto, sin reflexión ni educación, se imponga a la acción de gobierno. Lo que sucede hoy es un síntoma preocupante de la bondad del pronóstico.

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http://www.elcorreo.com/vizcaya/prensa/20101216/opinion/signos-de...

16 Diciembre 2010 | 11:59 AM

rp dijo

Genealogía de una casta privilegiada

John Müller en El Mundo, 151210. Vía Reggio’s.

AJUSTE DE CUENTAS

Joseba Beloki, diputado del PNV, propuso ayer castigar contra la pared a todos los ministros de Fomento y obligarles a leer 150 veces el convenio colectivo que los controladores aéreos firmaron en 1999.

José Blanco describió ese convenio como el documento que consagró la «estrategia de chantaje» que los controladores han ejercido en los últimos 30 años para «alcanzar su posición de privilegio». Blanco recordó que ya en 1981 una de sus huelgas de celo obligó a suspender el congreso que la UCD iba a celebrar en Palma de Mallorca. Pero sobre todo cargó las tintas en el convenio de 1999, firmado cuando era ministro el ‘popular’ Rafael Arias-Salgado.

Lo describió como muy favorable para los controladores en cuatro áreas: jornada de trabajo y salarios, control del acceso a la profesión, dominio de la organización del trabajo y hegemonía sobre el proceso de formación.

Ya no es que hubiera controladores que con el truco de cobrar muchas horas extras al triple ingresaran casi un millón de euros al año, sino que 2.400 personas habían creado un gremio medieval encastillado en la torre de control. Los trazos gruesos de Blanco no lograron ocultar la responsabilidad de otros ministros, muchos de ellos socialistas, que se puede reconstruir gracias a lo dicho ayer en el debate parlamentario:

Con el plante de 1981 los controladores le arrancaron a UCD su primera limitación horaria: 1.584 horas de trabajo al año. A partir de ahí, todas las demás serían consideradas extraordinarias y pagadas como tales. En 1983, cuando era ministro de Transportes Enrique Barón, el Gobierno hizo extensiva a toda la profesión (incluidos los que tenían fallos en contra) la sentencia que favorecía a un controlador canario sobre la retribución de sus horas extraordinarias.

En 1989, tras otra amenaza de huelga y siendo ministro José Barrionuevo, se firmó un protocolo que les concedía una jornada laboral de 1.200 horas, vacaciones de 45 días y Licencia Especial Retribuida (LER, una sigla que oculta la inactividad pagada) a partir de los 55 años.

En el crucial año de 1992 los controladores volvieron amenazar y lograron que el ministro José Borrell suscribiera el Estatuto del Controlador Aéreo, un pacto que consolidaba las 1.200 horas/año con no más de 120 horas al mes. También se consagró la inactividad retribuida a los 55 años y, sobre todo, se les reconoció el control de la organización del trabajo, del acceso a la profesión y de la formación que habían conquistado mediante acuerdos puntuales. Tenían así el control omnímodo de su actividad, en la que no había paro.

En 1999, Arias-Salgado suscribió el primer y único convenio colectivo de los controladores, donde se recogieron las conquistas del Estatuto y otras anteriores en un artículo que tiene 147 páginas. A cambio, el PP arrancó a los controladores, que eran unos 1.400, la creación de 741 puestos nuevos que acabaron siendo 782. Se pactó ahí también que las jornadas extraordinarias se ejecutarían por módulos y hasta 2003 se hicieron bajo la fórmula 15+6, es decir 15 jornadas de trabajo ordinario al mes y seis extraordinarias. Estos módulos se irían reduciendo a medida que se incorporaran más controladores.

El portavoz del PP, Andrés Ayala, recordó ayer que desde que gobierna Rodríguez Zapatero sólo se han convocado 150 nuevas plazas de controladores (en 2006) y que los módulos pactados en la época de Magdalena Álvarez pasaron a ser 15+18, lo que arroja 33 jornadas. «¡Más que días tiene el mes!», destacó Ayala. Sólo así se explica que el coste de los controladores pasara de 392 millones de euros en 2003 a 817 millones en 2008, un lastre que se traducía en que frente a una media europea de 57 euros nuestras tasas de aeronavegación han llegado a 84 euros.

Álvarez no salió bien parada ayer. Pere Macías, de CiU, recordó que en diciembre de 2008, la ex ministra compareció para explicar la gestión aeroportuaria y describió «una Aena idílica». «Usted (Blanco) llegó y se encontró lo que se encontró… pese a las ocurrencias de la ministra que por cierto ha sido recompensada con un sueldo prácticamente de controlador aéreo (es vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones) por no hacer nada».

Y Blanco, el ministro que le puso el cascabel al gato, no pudo ocultar que está atado de pies y manos. No puede sancionar a los insurrectos -como hizo Reagan en EEUU- porque no tiene reemplazantes. Por eso se plantea el estado de alarma, la externalización de varias torres de control y la formación apresurada de nuevos controladores como únicas salidas.

En un momento determinado, un lapsus le traicionó: «De la misma forma que hay 3.000 pilotos en paro puede haber 3.000 controladores en paro. Por lo tanto, ese es el objetivo que se introduce con la nueva regulación…». Esta es la primera vez que el pleno empleo es un problema en España.

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http://elcomentario.tv/reggio/genealogia-de-una-casta-privilegiad...

16 Diciembre 2010 | 12:03 PM